Visita de FNMPC a Argentina: Participación accionaria comunitaria como ventaja competitiva para la transición energética
Por Juan Dumas
La visita de Mark Podlasly a Argentina la semana pasada en su calidad de Director General de la First Nations Major Projects Coalition (FNMPC) ofreció una oportunidad única para reflexionar sobre cómo la participación accionaria de comunidades indígenas en grandes proyectos está transformando los sectores de energía e infraestructura de Canadá. Aprender de cómo comunidades y empresas negocian posiciones accionarias en proyectos de gran escala nos permite explorar un posible camino a seguir para las comunidades indígenas y las empresas de América Latina.
Mark Podlasly presentando el trabajo de FNMPC en la Embajada de Canadá en Argentina.
La visita de Mark Podlasly a Argentina la semana pasada en su calidad de Director General de la First Nations Major Projects Coalition (FNMPC) ofreció una oportunidad única para reflexionar sobre cómo la participación accionaria de comunidades indígenas en grandes proyectos está transformando los sectores de energía e infraestructura de Canadá. A medida que se desarrollaban las conversaciones en las reuniones con representantes de bancos, comunidades, empresas energéticas y mineras, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, inversores de impacto y fundaciones empresariales, emergía un mensaje central: las comunidades indígenas ya no son actores pasivos en el desarrollo de proyectos; se están convirtiendo en co-proponentes y co-propietarios, aportando capital, reduciendo riesgos de los proyectos, asegurando permisos, atrayendo inversores y garantizando la sostenibilidad a largo plazo. Para que quede claro, no se trata de que las comunidades indígenas exijan una participación accionaria a cambio de no oponerse a un proyecto. Eso equivale a extorsión y no funciona.
Aunque Canadá y América Latina tienen contextos jurídicos e históricos diferentes, los retos fundamentales a los que se enfrentan las comunidades indígenas– acceso limitado al capital, elevado desempleo y desprecio histórico de sus derechos– son sorprendentemente similares. En Canadá, las comunidades están negociando opciones de participación accionaria para tener un rol más importante en la transición energética. En América Latina, donde usualmente las comunidades indígenas se enfrentan a limitaciones financieras y políticas aún mayores, este modelo representa tanto un reto como una oportunidad.
Más allá de la consulta: Las comunidades indígenas como co-proponentes
Históricamente, la participación indígena en proyectos a gran escala se ha limitado a procesos de consulta y acuerdos de beneficios que a menudo no generaban la inclusión económica a largo plazo que las comunidades esperan. Hoy en día, las comunidades indígenas de Canadá están negociando posiciones de participación accionaria en grandes proyectos de infraestructura, asegurándose de tener tanto una participación financiera como poder de decisión.
Las ventajas de este nuevo modelo son evidentes. Ontario tiene previsto triplicar su sistema de transmisión de aquí a 2035 y se dieron cuenta de que no cumplirían este objetivo si enfrentaran oposición de comunidades indígenas en cada proyecto. En su lugar, optaron por ofrecer a las comunidades una opción de participación accionaria del 50% en los principales proyectos de líneas de transmisión. ¿El resultado? La primera línea se terminó un año antes de lo previsto y 15 millones de dólares canadienses por debajo del presupuesto previsto. Sin embargo, el modelo se enfrenta a una limitación clave: el acceso a la financiación. Las Primeras Naciones deben encontrar el capital necesario para ejercer su opción de participación.
El reto del acceso al capital
El acceso a capital asequible sigue siendo el obstáculo más importante para la participación accionaria indígena. Las tasas de interés para las comunidades que no tienen bienes para ofrecer en garantía pueden alcanzar el 30%, lo que hace inviable financieramente su participación en proyectos energéticos a largo plazo con rendimientos regulados del 9-10%. La propia FNMPC nació de esta dificultad: cuando once comunidades negociaron una opción de participación del 30% en un gasoducto de 5.000 millones de dólares canadienses, pero carecían de capital para ejercerla, se dieron cuenta de la necesidad de contar con un mecanismo colectivo para obtener el financiamiento en oportunidades futuros.
Algunos gobiernos provinciales ofrecen garantías de préstamo y el gobierno federal anunció el año pasado que seguiría su ejemplo con un programa similar de CAD 5.000 millones. Las comunidades también han recurrido a préstamos puente de socios corporativos, fees de co-desarrollo, derechos de uso de la tierra y fondos de impacto social para financiar sus posiciones de capital. También, se dirigen ahora a los fondos de pensiones, pero el monton mínimo por operación suele representar un reto.
En América Latina, donde los presupuestos públicos son aún más limitados, encontrar soluciones financieras viables será un reto aún mayor. Sin acceso a financiación, las posiciones accionarias iniciales de las comunidades probablemente serán pequeñas, pero a medida que acumulen riqueza y reinviertan en proyectos nuevos, sus participaciones podrán aumentar gradualmente.
Stella M. Zapata (Millaqueo), Diego Padilla (Sustentar), Ramiro Fernández (Meliquina), Matías Dumais (Meliquina), Daniel Fernandez (Sustentar), Betti-Jo Ruston (Canadian Embassy), Delia Mamani (Puesto Sey), Mark Podlasly (FNMPC), Nora Romero (Millaqueo), Ana Garasino (Canadian Embassy), Adela Acuña (Millaqueo) and Juan Dumas (Meliquina).
La transición energética como oportunidad
El impulso mundial hacia un escenario de cero emisiones netas está reconfigurando rápidamente la inversión en energía e infraestructuras. RBC calcula que Canadá necesitará 2 billones de dólares canadienses en inversiones para 2050, y se espera que gran parte de esta financiación proceda de fuentes extranjeras. La experiencia de Canadá demuestra que enfrentar la oposición comunitaria proyecto por proyecto no es eficaz ni sostenible. Los retrasos, las demandas judiciales y el conflicto social han contribuido a desalentar la inversión extranjera. En cambio, cuando las comunidades indígenas participan en el capital, los proyectos se completan más rápidamente, los inversores obtienen certidumbre y los beneficios locales se distribuyen de forma más equitativa. El gobierno canadiense ha invitado a líderes empresariales indígenas a misiones oficiales de inversión para promover la participación accionaria de comunidades como estrategia de reducción de riesgo para los inversores extranjeros.
En cuanto a América Latina, la Universidad de Columbia y la Agencia Internacional de la Energía (IEA) prevén que la región debe quintuplicar sus inversiones anuales en energías limpias para cumplir sus objetivos climáticos. Una parte significativa de esta inversión apunta a financiar desarrollos en tierras indígenas, por lo que la participación en el capital no es sólo una cuestión de inclusión, sino un factor crítico para garantizar el éxito de la transición energética. Si no se alinean los intereses de las empresas y las comunidades, aumentarán los conflictos y la incertidumbre y la inversión se retrasará.
La participación accionaria como señal de respeto
La propiedad indígena va más allá de los beneficios económicos: es una demostración de respeto. Durante demasiado tiempo, las comunidades indígenas han sido vistas como obstáculos al desarrollo y no como socias. Algunas empresas todavía se resisten a participar en alianzasd e negocios con ellas, considerándolas una complejidad innecesaria. Otras, sin embargo, las ven como una ventaja competitiva, reconociendo que cuando las comunidades son copropietarias de un proyecto, no se oponen a él.
No existe un modelo único. Algunas comunidades prefieren participar en un porcentaje d ela facturación o los dividendos, o acuerdos de impacto-beneficio. En el sector minero, donde los flujos de caja son muy impredecibles debido a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, suelen preferirse los modelos de participación porcentual en los ingresos. Sin embargo, para los proyectos de energía a gran escala -el 85% de los proyectos apoyados por la FNMPC son de energía limpia- la participación accionaria está demostrando ser un modelo viable y escalable. De hecho, se está convirtiendo en una ventaja competitiva para las empresas que han aprendido a hacerlo y se están posicionando como socios de preferencia de las comunidades que buscan una participación significativa en proyectos en sus tierras.
Mirando hacia el futuro
Aunque las comunidades canadienses han logrado progresos significativos, sigue habiendo retos. No todos los proyectos son aceptables para las comunidades, y los que lo son deben estructurarse de forma que respeten la gobernanza y las prioridades indígenas. El panorama jurídico y financiero sigue evolucionando, y las comunidades deben resolver cuestiones como los derechos sobre la tierra, los mecanismos de financiación y la sostenibilidad a largo plazo de sus inversiones.
Las comunidades indígenas de otras regiones observan atentamente y aprenden de la experiencia canadiense. Y como la capacidad y la estabilidad financiera de las Primeras Naciones siguen creciendo (poseen 115.000 millones de dólares canadienses en fondos fiduciarios), no es imposible que algún día puedan invertir en proyectos dirigidos por indígenas en América Latina u otras partes del mundo.
La experiencia de Canadá en participación accionaria nos ofrece una visión de un futuro posible, no un modelo de aplicación automática e inmediata. Aprender de cómo comunidades y empresas negocian posiciones accionarias en proyectos de gran escala nos permite explorar un posible camino a seguir para las comunidades indígenas y las empresas de América Latina. Tendremos que crear nuestros propios modelos en función de las realidades específicas de nuestros países. Aunque los retos que tenemos por delante pueden ser significativos, ninguno es imposible de superar.
La cuestión ya no es si este modelo de participación accionaria es relevante. Es evidente que lo es. El reto es cómo aplicarlo, asegurar una financiación viable y garantizar que las comunidades tengan las herramientas necesarias para participar como como socias económicas en la transición energética.